Un informe de octubre de Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, sobre el efecto de la privatización en los derechos humanos, criticó duramente su promoción agresiva por parte del Banco Mundial y el FMI, argumentando que la privatización generalizada de bienes públicos en muchas sociedades está “eliminando de forma sistemática la protección de los derechos humanos y marginando aún más a quienes viven en la pobreza”.
Siguiendo los pasos de numerosos informes de la ONU, este informe advirtió contra un “tsunami de privatización sin control” que ha transformado los argumentos para la reducción del déficit fiscal en una ideología de gobernanza que devalúa los bienes y servicios públicos (véase el Observador de Primavera de 2017 y el de Otoño de 2017). El FMI y el Banco Mundial, afirma, están en el centro de este proceso.
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